El organismo pidió aclaraciones sobre el monto que cobra la empresa, luego de que el municipio dispusiera recortar sus servicios por razones de ahorro. Desde que se adoptó aquella medida y se firmó el contrato el valor del canon creció más de un 42%, pasando de $45 a $64 millones mensuales.
En medio de un nuevo conflicto que volvió a dejar paralizada la recolección de residuos, salió a la luz parte de un informe en el que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires pidió que el municipio explique de qué manera calcula el monto del millonario canon que le paga a la empresa 9 de Julio luego de que la gestión del intendente Carlos Arroyo resolviera suprimir algunos de los servicios contemplados en el pliego de bases y condiciones.
El pedido de información, dirigido al jefe comunal y a otros ex funcionarios involucrados con el tema, fue formulado hace apenas dos meses, cuando el precio del canon que la comuna le abona a la 9 de Julio ya había registrado varios incrementos con respecto a su valor original, registrando una suba superior al 42% en menos de dos años.
En su informe el Tribunal de Cuentas recordó que la compañía se hizo cargo del servicio en enero de 2016 como resultado de un proceso de licitación tramitado durante 2015.
Según el organismo, días antes de que el flamante gobierno suscribiera el contrato, el entonces secretario de Economía y Hacienda, José Cano, propuso adoptar una serie de medidas de ajuste, entre las cuales impulsó un recorte en las prestaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
A partir de eso se dispuso que la 9 de Julio quedara eximida de cumplir con algunas exigencias tales como la de implementar el sistema de contenerización y aplicar un programa de “comunicación, publicidad y educación” que, entre otras cosas, preveía crear un sistema vecinal de control y un mecanismo de gestión de reclamos.
Asimismo se aceptó que la empresa disminuyera el alcance del servicio de barrido mixto, el cual quedó reducido a sólo 357 cuadras, cuando en el pliego se habla de un total de 962.
Como resultado de la eliminación de todos estos ítems, el monto total del canon abonado por el municipio pasó de una cifra original de $49.202.869,71 mensuales a $45.638.057,12, generando así un supuesto ahorro de $3.564.812,59 por mes.
No obstante, poco después el canon registró un considerable incremento. En diciembre de 2016, mediante el decreto 2859, el Ejecutivo dispuso que la cifra adquiriera un nuevo valor de $52.253.277 retroactivo al 1 de abril.
A través de esa misma norma también se dispuso que la cifra trepara a $58.647.771, con retroactividad al 1 de julio.
Es decir que en menos de un año y en el mismo ejercicio durante el cual se había firmado el contrato disponiendo “ahorros”, el costo del servicio de higiene urbana registró una suba superior al 28%.
A eso se le sumó un posterior incremento, aprobado en agosto de este año, por el cual el precio alcanzó su actual valor de $64.947.782 mensuales.
Según pudo saber LA CAPITAL, el Tribunal de Cuentas reclamó aclaraciones sobre este tema a partir de los informes elaborados por el contador del municipio quien ante sus desacuerdos con la forma en la que se determinó el canon realizó cada uno de los pagos “por insistencia”, es decir, por expresas ordenes escritas del Ejecutivo depositando la responsabilidad de estas decisiones en el intendente Arroyo.
Según consta en distintos documentos, para el contador no está claro de qué manera se determinó el monto del canon que se le paga a la 9 de Julio, teniendo en cuenta que en la actualidad -tras la supresión de alguna prestaciones- los servicios que brinda la empresa no se condicen con los del pliego de bases y condiciones.
Por esa razón el organismo intimó a distintos funcionarios, entre ellos al intendente, a que aporten una serie de documentos que arroje sobre luz sobre el tema, sobre todo a los relacionados con la estructura de costos del servicio.
De este modo se pretende determinar si existe relación entre los “montos deducidos” y el valor del canon que es percibido por la empresa.
El contrato con la 9 de Julio representa uno de los mayores gastos para el municipio, superado únicamente por el relacionado con el pago de salarios.
Sobre un presupuesto proyectado de $6.667 millones, el gobierno asignó para el servicio de higiene urbana una cifra de 722 millones, es decir un 10,8% del total de los gastos previstos para este año por toda la Municipalidad.